Columna publicada el domingo 30 de noviembre en La Tercera (.pdf)
La subdirectora del Instituto Libertad y Desarrollo, Rossana Costa, ha publicado una columna en este diario (23/11/2014) señalando que la agenda laboral del gobierno estaría mal orientada, al pretender mejorar las relaciones laborales y la productividad de las empresas priorizando el fortalecimiento de los sindicatos en el proceso de negociación colectiva. La investigadora argumenta que en Chile hay bajas cifras de conflictividad laboral; que la tasa de sindicalización es similar a la de otros países desarrollados; y que bajo las actuales reglas, existe un efectivo traspaso del crecimiento económico del país a los sueldos de los trabajadores. Por todo ello, no existiría necesidad de una reforma de este tipo.
Este planteamiento se puede resumir en lo que otros personeros opositores –incluyendo un ex Ministro del Trabajo del gobierno anterior– han señalado con menor elegancia que Rossana Costa: no se trataría de una “agenda laboral”, se trataría de una “agenda sindical”. Desde el actual Ministerio del Trabajo ciertamente diferimos de este prejuicio anti sindical. Lo que Chile necesita no es una legislación del pasado, sino que una agenda de futuro en materia laboral.
Distintos académicos, expertos, dirigentes gremiales y sindicales, han coincidido en los últimos años en la necesidad de reformar la regulación de la negociación colectiva. Muchos han coincidido en la insuficiencia de la actual legislación, en la necesidad de mayor simetría entre el actor empresarial y el actor sindical, así como en la necesidad de construir un procedimiento orientado hacia el diálogo y no hacia el conflicto. La experiencia internacional indica que una manera eficiente y justa de superar rigideces legales es, precisamente, ampliar las materias sujetas a negociación. Existe un legítimo debate sobre cuáles son los mejores instrumentos para ello –una buena discusión al respecto se dio entre los integrantes de la Comisión Meller en 2008—, pero el propósito es compartido.
Cabe recordar el programa de gobierno: “Fortalecer la negociación colectiva será un eje importante de nuestro programa de Gobierno. Creemos en la necesidad de fomentar el diálogo entre los trabajadores y empresarios para llegar a acuerdos favorables para ambas partes. Nuestro objetivo es fortalecer los sindicatos y así poder ampliar las materias que se pueden negociar colectivamente”.
Fortalecer la negociación colectiva y fortalecer los sindicatos, como se lee en este pasaje. Cabe aclarar que este párrafo corresponde al programa de gobierno de la candidata y ex Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien, además, durante la campaña electoral manifestó su intención de seguir a Alemania como modelo económico y social, país donde existe una alta tasa de sindicalización, alta tasa de cobertura de instrumentos colectivos, y todo tipo de negociaciones supra empresa.
Chile no se compara favorablemente en materia de derecho colectivo con los países de la OCDE. Si bien en algunos países la tasa de sindicalización es similar o más baja que en Chile, el promedio de la OCDE es ostensiblemente más alto (28% en la OCDE versus 14,6% en Chile). Y la tasa de cobertura de trabajadores sujetos a algún tipo de instrumento colectivo es muchísimo más baja en Chile (8,1%) que en el promedio de los países de la OCDE (54,5%). Países como Francia o España, de similar tasa de sindicalización que la chilena, presentan tasas de cobertura colectiva superior al 70%.
¿Debe ser un objetivo aumentar aquellas tasas? A nuestro juicio sí. Existe a nivel internacional una correlación positiva entre tasas de cobertura colectiva y coeficiente de Gini, así como entre tasas de cobertura colectiva e índices de concentración de riqueza. En breve: a mayor cobertura colectiva, menor desigualdad y menor concentración. Si el país ha decidido mayoritariamente enfrentar el problema de desigualdad, ésta puede ser una importante herramienta –ciertamente no la única, pues se agrega a la política educacional, la política tributaria y el gasto social—para aportar a dicho proceso.
Aquí hay mucho mito que derribar. Según la ENCLA 2011, casi el 70% de las empresas que cuentan con sindicato establecido, creen que éstos facilitan las relaciones laborales. En cambio, en las empresas donde no existe sindicato, ese porcentaje baja al 40%. Según la última encuesta CEP, la población mayoritariamente aprueba la ampliación de cobertura de la negociación, la ampliación de materias y el fin del reemplazo en huelga. La opinión pública también se opone a la sindicalización obligatoria, algo que el actual gobierno jamás ha pretendido proponer.
La insuficiencia del actual marco normativo provoca tensiones que es mejor abordar a tiempo. Al no encontrar un cauce adecuado para expresar demandas, pueden proliferar las manifestaciones y paralizaciones de hecho. Al mismo tiempo, como no existe posibilidad de conversar fructífera y razonadamente entre trabajadores y empleadores acerca de las realidades y necesidades concretas de las empresas (por ejemplo, en materia de jornadas), lo que termina ocurriendo es que esa demanda se traslada al poder político, cayéndose en una sobre regulación de sectores económicos específicos. Muchas las materias sobre las que se ha discutido recientemente, en otros países son objeto de negociación colectiva y no materia de ley.
¿Es la negociación colectiva la única propuesta del Ministerio del Trabajo para superar la desigualdad? Ciertamente no. Rossana Costa apunta certeramente a la enorme disparidad que existe en el acceso al empleo. De allí la relevancia que el gobierno ha colocado en un inédito y masivo programa de capacitación en oficios para los sectores más vulnerables (el “Más Capaz”), que se propone capacitar a 450 mil personas de aquí al 2018, en cursos certificados de 300 horas, con práctica e intermediación laboral.
En definitiva, la agenda laboral del gobierno de la Presidenta Bachelet busca hacerse cargo de las distintas desigualdades que existen en materia laboral. Para hacerlo, adopta un criterio de futuro, que promueve la organización, el diálogo y la construcción de acuerdos entre trabajadores y empleadores, por sobre la desconfianza y el conflicto. Y que al mismo tiempo, se preocupa de quienes aún no logran acceder al mercado del trabajo. La invitación es a dialogar sin ideologismos, sobre la base de los propósitos que la mayoría ciudadana soberanamente ha priorizado.
Subsecretario del Trabajo
Francisco Javier Díaz