Columna publicada el martes 09 de diciembre en El Mercurio
La agenda laboral del gobierno de la Presidenta Bachelet busca hacerse cargo de los distintos desafíos que existen en materia de derechos, productividad y empleo. Capacitación, seguro de cesantía, empleabilidad y derechos colectivos, son algunos de los propósitos de los próximos meses para el Ministerio del Trabajo. Todos son igualmente relevantes; sin embargo, la crítica se ha concentrado en uno de ellos: la reforma al procedimiento de negociación colectiva.
Quienes se oponen al fortalecimiento de los derechos colectivos de los trabajadores han criticado la reforma señalando que no se trata de una “agenda laboral”, sino que de una “agenda sindical”. El Ministerio del Trabajo rechaza tajantemente ese prejuicio y reivindica el rol de bien colectivo que desempeñan las organizaciones de trabajadores. Así como se critica el “clima antiempresarial”, tampoco se debe caer en un “clima antisindical”.
La óptica del Gobierno no es distinta a la que existe en prácticamente todos los países miembros de la OCDE: la legislación debe promover la organización, el diálogo y la construcción de acuerdos entre trabajadores y empleadores, por sobre la desconfianza y el conflicto. Nuestro actual ordenamiento es insuficiente y se aleja de dichos propósitos. Al no encontrar un cauce adecuado ni equilibrado para expresar demandas, pueden surgir las manifestaciones y paralizaciones de hecho. Como no existe posibilidad de conversar razonadamente entre trabajadores y empleadores acerca de las realidades concretas de las empresas, lo que termina ocurriendo es que esa demanda se traslada al poder político, y se cae en la sobrerregulación. Muchas de las materias sobre las que se ha discutido recientemente en el Parlamento, en otros países son objeto de negociación colectiva y no materia de ley.
La actual legislación dificulta los acuerdos. Es por ello que muchos han planteado la posibilidad de que empleadores y trabajadores puedan negociar una amplitud de materias y no limitarse a la sola reivindicación monetaria como ocurre hoy (generalmente reajuste y bono de término de conflicto). Mejores acuerdos en materias como capacitación, jornada de trabajo, o brecha salarial, entre otros, redundarían en aumentos de productividad y mejores condiciones para los trabajadores y las empresas.
¿Con quién negociar? Ciertamente no se puede hacer de manera individual, debe hacerse de manera colectiva. De ahí el concepto de “titularidad sindical”, donde una de sus aristas es, precisamente, exigir que sea solo el sindicato establecido el que pueda negociar estas amplias y relevantes materias.
Con la titularidad sindical se impide también la constitución de grupos transitorios de negociación allí donde hay un sindicato establecido, práctica que -como señaló la OIT al analizar un caso chileno- termina promoviendo el paralelismo y el debilitamiento de los trabajadores. Que sean los sindicatos de una empresa los habilitados para negociar una amplia gama de materias permite, además, que se dé un apropiado seguimiento al cumplimiento del instrumento colectivo. Nadie aboga por la sindicalización automática ni obligatoria; solo se trata de que existan partes estables para fomentar un diálogo permanente.
Así lo entendió el gobierno del Presidente Piñera. En dos proyectos de ley de su autoría (uno en materia laboral agrícola y otro en materia de turismo) propuso al Congreso que solo podían suscribir los pactos de jornada que allí se señalaban las organizaciones sindicales existentes en la empresa (artículos 92 ter y 34 bis de los proyectos, respectivamente). Según ambas propuestas, solo a falta de sindicatos podía constituirse un grupo negociador especial. Es decir, el gobierno anterior también asumió la necesidad de la titularidad.
En resumen: la titularidad sindical es un concepto recurrente en la legislación internacional, que permite promover mejores negociaciones sobre un mayor número de materias en una empresa. Crear mitos perversos sobre este concepto no ayuda a la hora de llevar adelante un debate serio y desideologizado.
Columna publicada el martes 09 de diciembre en El Mercurio