En el marco del “Seminario Acontecer Laboral”, organizado por la OTIC de la Banca en el Hotel Cumbres, la asesora de la unidad de estudios laborales del ministerio del Trabajo y Previsión Social, Fernanda Terminel, expuso ante los asistentes los alcances y desafíos del proyecto de ley de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, que ayudará a contribuir a la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con discapacidad.
Dicha norma impulsada por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, necesaria para establecer una cuota obligatoria y para contrarrestar las bajas tasas de empleo de las personas con discapacidad, según evidencia internacional, se divide en cuatro ejes.
El primero es un Sistema de Inclusión Laboral, en el que se establece la exigencia de contratación de 1% de personas con discapacidad en organismos públicos y en empresas privadas con 100 o más funcionarios o trabajadores. Además, la ley establece como edad límite los 26 años para el contrato de aprendizaje.
Otro de los objetivos en los que se basa el proyecto es en la no discriminación, asegurando explícitamente en el estatuto administrativo la prohibición de toda discriminación arbitraria que se traduzca en exclusiones basadas en discapacidad.
Como tercer eje incluye una evaluación periódica del sistema cada tres años, donde de manera conjunta participarán los ministerios de Hacienda, Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social.
El cuarto punto que aborda dicha iniciativa legal, es la equidad remuneracional, es decir, elimina la posibilidad que en el contrato de trabajo que se celebre con una persona con discapacidad mental se pueda estipular una remuneración inferior al ingreso mínimo.
Su implementación tendrá un plazo de seis meses como máximo para dictar los reglamentos correspondientes al sector público y privado, como también las normas necesarias de las instituciones señaladas anteriormente.
La entrada en vigencia de la ley será al mes subsiguiente de la publicación de los reglamentos respectivos en el Diario Oficial. Es así como las empresas de 100 y hasta 199 trabajadores estarán sujetas a la obligación a partir del término del primer año contando desde la entrada en vigencia de la iniciativa.
El trámite legislativo que terminó ayer su paso por el Tribunal Constitucional, pasará al Congreso Nacional para las últimas gestiones administrativas, lo que se traducirá próximamente en una ley a promulgar por la Presidenta de la República.