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12 de Julio de 2019

Gobierno logra histórico acuerdo con trabajadores para reducir empleos de emergencia en regiones del Biobío y de Ñuble

Más de 18.000 empleos de emergencia o también conocidos como “Proempleo” tienen las regiones del Bíobío y de Ñuble, lo que representa un 85% del total nacional. Estos puestos de trabajo con apoyo fiscal fueron creados con el objetivo de reconvertir laboralmente a los miles de trabajadores que quedaron desempleados tras el cierre de las minas de carbón de Lota, Coronel y Curanilahue en 1997.

Pero esta historia comenzaría a cambiar paulatinamente tras un acuerdo entre el Gobierno y dirigentes sociales. Actualmente, el Programa de Inversión a la Comunidad (PIC) tiene aproximadamente 15 mil empleos de este tipo y los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU), que suma otros 3.000, continúan vigentes. Incluso, los trabajadores adscritos a ellos han adquirido ciertos derechos como, por ejemplo, que cuando queda un puesto vacante el cupo no se pierde, sino que se reemplaza.

Es por esto que en el tiempo se han mantenido en niveles altos y el promedio de los empleos de emergencia en Biobío es de 8,8 años. Estos empleos cuentan con una jornada completa y son remunerados con el sueldo mínimo, que hoy es de $301.000. A su vez, tienen un carácter poco calificado, siendo el aseo, ornato y áreas verdes lo que más se repite. Le siguen manualidades y artesanía, y luego mueblería y reparaciones.

En cuanto al empleador, hay dos líneas: las ONG que se adjudican estos programas vía intendencia y el Sence. Con la intención de disminuir los empleos de emergencia en la zona, el Gobierno creó una mesa de trabajo con el intendente del Biobío, Sergio Giacaman; el director nacional de ProEmpleo, Rodrigo Díaz; el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y los dirigentes de los trabajadores.

Luego de casi un año de conversaciones, que significó reuniones periódicas, esta semana llegaron a un acuerdo que establece las condiciones para un plan de egreso de carácter voluntario para los trabajadores. Este plan plantea dos modalidades. La primera propone que las personas que a la fecha están en edad de jubilar, es decir 60 años en el caso de las mujeres y 65 para los hombres, recibirán una suma de dinero como complemento de su pensión hasta llegar a un monto máximo de un ingreso mínimo mensual. Dicho complemento será vitalicio y no heredable.

Según cifras de la Subsecretaría del Trabajo, habría 2.800 trabajadores en edad de jubilar que podrían acogerse —si es que así lo decidieran— bajo este punto. La segunda opción que propone el Ejecutivo es para los beneficiarios del programa ProEmpleo PIC y PMU que no se encuentren en edad de pensionarse. Estos podrían optar a un bono de incentivo al retiro, algo así como una indemnización por años de servicio, que será equivalente a un mes de remuneración por cada año trabajado en el programa con un tope de seis sueldos. El monto correspondiente a cada trabajador se pagará una vez y quienes quieran acogerse a esta modalidad tendrán plazo hasta el 30 de septiembre de 2019 para expresar su voluntad.

“Estas salidas del programa serán voluntarias para los trabajadores, pero tendrán un tiempo limitado para acogerse a ellas y, en cualquier caso, suponen siempre la eliminación de los cupos de aquellos que opten por salir del programa. Con esto esperamos ir regularizando lo que es el programa en la región y que cumpla de una vez por todas con la finalidad para la cual fue creado”, comentó Fernando Arab, subsecretario del Trabajo y artífice del acuerdo tras liderar las negociaciones en la mesa de trabajo. Si bien el acuerdo ya está firmado por la coordinadora regional de estas agrupaciones liderada por Juan Carlos Tapia, como también por la mesa comunal que involucra a Talcahuano y Hualpén representada por Wladimir Durán, aún falta que el Congreso apruebe el acuerdo mediante las modificaciones administrativas y/o legales que sean necesarias.

Así, el beneficio planteado por el Ejecutivo podría concretarse a fines de 2019 y principios del próximo año. Además, se ha considerado que podría significar un potencial ahorro de 10% anual en el caso del complemento para las pensiones y de un 50% de ahorro al año para el bono al retiro. Wladimir Durán, representante de las mesas comunales de Talcahuano y Hualpén, valoró los esfuerzos del Gobierno para llegar a este acuerdo y señaló: “Creemos que esto va a funcionar, porque nuestros adultos mayores hoy día con las pésimas condiciones que tienen se ven obligados a ir a su lugar de trabajo, porque si no llegan, no tienen con qué pagar sus cuentas ni con qué comer a fin de mes”.

Además, comentó que ya hay algunos casos que están mostrando interés en acogerse al bono de incentivo al retiro.
La coordinadora regional de los trabajadores liderada por Juan Carlos Tapia firmó el acuerdo junto al subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, el jueves.