En tanto, en el sector privado, 12.910 trabajadores con discapacidad han sido contratados. El 71.1% tienen un contrato indefinido (9.182).
Esta mañana el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, junto al subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, y la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), María Ximena Rivas, dieron a conocer las propuestas de la Mesa de Inclusión, donde se destacó la necesidad de ajustar las necesidades a la nueva realidad del mundo laboral.
Durante la actividad, donde también asistieron autoridades representantes de los distintos servicios e instituciones que integran dicha mesa, junto con trabajadores y funcionarios del sector público con discapacidad, el subsecretario Fernando Arab señaló: “Como Gobierno estamos especialmente preocupados que la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad se cumpla. Esto no es pagar un impuesto ni un acto de caridad, es garantizar a todas las personas, sin distinción, igualdad de acceso y oportunidades al mundo laboral. El trabajo dignifica y, en consecuencia, debemos hacer todos los esfuerzos para que todos tengan igualdad de derechos”.
En esta misma línea, la autoridad agregó que “el proyecto de modernización laboral va en la línea de establecer propuestas de incentivos y adecuaciones que faciliten la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral, reconociendo los estudios de las personas a través de un proceso de certificación para fines laborales eliminando así ciertas barreras de acceso que hoy impiden que estas personas puedan acceder al sector público”.
En el marco de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad (PcD) al mundo laboral, la subsecretaría del Trabajo y la subsecretaría de Servicios Sociales, conformaron una mesa de trabajo interministerial para analizar la norma y sus reglamentos, para permitir una aplicación efectiva y adecuada de la misma tanto en el sector público como privado.
Por lo anterior, el 4 de mayo de 2018 se conformó la mesa de trabajo liderada por la Subsecretaría del Trabajo, la Subsecretaría de Servicios Social y la Subsecretaría de Previsión Social, junto con la Dirección del Trabajo (DT), el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y el Servicio Civil como actores permanentes, a quienes se sumaron como invitados a distintas sesiones el Ministerio de Educación, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).
En estos encuentros se detectaron dificultades prácticas de implementación, donde se propusieron acuerdos, se acordaron compromisos y acciones concretas a realizar por parte de los diversos actores involucrados para cumplir con el espíritu de la Ley.
A su vez, el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, señaló que “hoy como país, como Estado, como Gobierno, queremos que efectivamente esta Ley se instale con la mayor fuerza posible, que podamos corregir lo que sea necesario y que todas las instituciones públicas tengamos la capacidad de hacernos cargo de este desafío. Lo bueno llegó para quedarse y queremos seguir avanzando por una real inclusión en todas las áreas; en materia laboral dar justicia y dignidad, donde todos tengamos las mismas oportunidades para desplegar nuestros talentos y capacidades”.
“Las cosas hay que hacerlas con convencimiento, no por temor a que le cobren una multa. Lo que necesitamos es que se entienda efectivamente lo que hay detrás de la contratación de personas con discapacidad, el beneficio para la propia persona y para el empleador que lo está contratando. Hay en entender que es mucho más que solo la contratación. Tenemos que abordar la educación, el transporte, porque hoy día también hay barreras a las que se enfrentan los mismos empleadores, explicó la directora del Senadis, María Ximena Rivas.
Principales ejes de las 21 propuestas de la mesa:
1.- Lograr un sistema de calificación y certificación de la discapacidad más expedita
2.- Fiscalización colaborativa
3.- Mejorar el acceso a las ofertas laborales: Fomento a la contratación
4.- Capacitaciones y educación para las personas con discapacidad
5.- Mayor claridad respecto de medidas alternativas
Según cifras del Senadis, la cantidad de personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND) corresponde a 352.188 personas, lo que corresponde a un 13% aproximadamente de la población con discapacidad del país, tomando como referencia que según los datos de la ENDISC 2015, la población con discapacidad en el país serían 2 millones 836 mil personas.
Registros de la Dirección del Trabajo, indican que 3.154 empresas han realizado alguna gestión para cumplir con la ley, y de ellas, 2.478 empresas han contratado directamente personas con discapacidad, y 676 han efectuado alguna medida alternativa.
Respecto a las medidas alternativas que ofrece la Ley, 267 empresas han realizado donaciones, y 409 han subcontratado.