Durante abril se realizará la consulta ciudadana sobre los reglamentos de inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público y privado.
El Gobierno conmemoró los 7 años desde la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral, que desde agosto del 2024 establece además la contratación progresiva de un 2% de personas con discapacidad en empresas de más de 100 trabajadores, entregando condiciones para su desarrollo laboral.
La actividad se realizó en dependencias de la empresa Nestlé en Macul, que excede el estándar que establece la normativa. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, junto al subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo; la directora (s) de Senadis, Karen Astorga, y el director de Recursos Humanos de Nestlé Chile, Juan Esteban Dulcic, realizaron un recorrido por las instalaciones de la empresa, donde conocieron la experiencia de trabajadoras y trabajadores que han podido desarrollarse laboralmente gracias a la ley.
La ministra Toro destacó que “los desafíos que nos planteó la ley inicialmente todavía no se cumplen en todas las empresas, tampoco en todo el sector público y, por lo tanto, eso nos llama al conjunto de la sociedad y los empleadores a poder realizar las adaptaciones necesarias. De esa manera, podemos darle cumplimiento a la ley, que debiese ser un mínimo, y que como sociedad podamos realizar los cambios culturales, las adaptaciones necesarias para que todas las personas puedan ser incluidas y fortalezcan una sociedad más justa y más inclusiva”.
Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, junto con “hacer un llamado a las empresas del país a cumplir con la Ley de Inclusión Laboral. Hoy solo un 48% de las empresas reportan electrónicamente las medidas que adoptarán para su cumplimiento”, aparte agregó que “a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social comenzamos un proceso de diálogo social para la formulación del nuevo reglamento que, junto a Senadis, vamos a tener que definir a propósito de la ley aprobada el año pasado en el Congreso”.
Así lo reafirmó, la directora nacional (s) de Senadis, Karen Astorga, enfatizando que “la ley representa un importante avance para la vida laboral de las personas con discapacidad, mejorando el mecanismo de contratación, cumplimiento y fiscalización. En abril, SENADIS realizará la consulta ciudadana sobre los reglamentos de inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público y privado, porque desde SENADIS estamos convencidos que la participación social es clave para diseñar e implementar políticas públicas robustas que garanticen los derechos e inclusión”.
El Director de Recursos Humanos de Nestlé Chile, Juan Esteban Dulcic, destacó que “la diversidad, equidad e inclusión en Nestlé son parte integral de la cultura de nuestra compañía, que se desprende de nuestro valor fundamental: el respeto. Hemos logrado resultados positivos gracias a iniciativas que promueven la contratación de personas con discapacidad, a través de programas de apresto laboral y escuelas de habilidades sociolaborales. A la fecha, duplicamos la cuota de contratación establecida de personas con discapacidad y nuestra meta es alcanzar un 5% de inclusión para fines de 2025″.
Una de las personas beneficiadas por esta ley es Pedro Bravo, trabajador de la fábrica de Nestlé en Macul, quien sostuvo que “yo doy gracias por la ley, porque nosotros vamos a entregar todo por el trabajo. No voy a defraudar. A mí me aportaron en todo lo que yo necesitaba, en mi día a día como trabajador”. Detalló que para poder ejercer sus funciones, la empresa le facilitó un computador y una tablet con letras más grandes para poder facilitar sus labores”.
En junio de 2024 la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. Una iniciativa, que aumenta la cuota de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez en empresas o instituciones públicas de más de 100 trabajadores, pasando progresivamente de 1% al 2%, además de modificar el régimen de multas ante el incumplimiento de la ley y aumentar la fiscalización en el sector público y privado.
Vía Ministerio de Desarrollo Social y Familia
